La Contraloría emitió un dictamen donde prohíbe a los municipios cualquier acción

que implique entregar la píldora del día después, “ni aun a costo municipal o mediante cobro al usuario”.

La medida se hace extensiva, asimismo, a “entes públicos o privados que suscriban convenios con los organismos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud”, lo que implica a organismos como ONG’s y clínicas.
El ente contralor se pronunció respecto al polémico tema luego de ser requerido en tal sentido por distintas instancias, entre ellos la Asociación de Municipios y el abogado Jorge Reyes. Este último en representación de grupos denominados pro vida y férreos detractores de la píldora.

Lo que se se solicitó en dicha oportunidad a la Contraloría era determinar los alcances jurídicos del fallo del Tribunal Constitucional, que en abril del 2008 impidió al Ministerio de Salud seguir incluyendo el levonorgestrel en las políticas sobre fertilidad, al establecer como una “vulneración a la Carta Suprema” la “realización por parte de los entes integrantes de la Red Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud, de acciones que impliquen la utilización del fármaco levonorgestrel y el método combinado Yuzpe, denominados ‘píldora del día después”.